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Universidad de San Buenavetura • Consejo de Gobierno
que la Constitución Política de Colombia contempla respecto al
ciudadano, tales como su dignidad humana, constituida por la
igualdad, el derecho a la libertad, el respeto al pluralismo cultural,
el reconocimiento del individuo como ciudadano de un Estado
democrático, con derechos y deberes personales y sociales, que le
permiten la participación activa en los ámbitos públicos y la auto-
determinación política y cultural que determinan a todo ciudadano
frente a sí mismo y a la sociedad, y que a la postre moldean su
propia persona
7 
.
La Universidad de San Buenaventura con personería jurídica
a
iure
en el Derecho Canónico, de acuerdo con el artículo cuarto del
concordato fue reconocida por el Estado como persona jurídica de
utilidad común organizada como fundación sin ánimo de lucro,
de carácter privado, mediante resolución 1326 del 25 de marzo
de 1975, emanada por el Ministerio de Educación Nacional, al
tenor de los Decretos 125 y 1277 de 1973. Por tal razón, además
de las leyes del Estado, la Universidad de San Buenaventura en
Colombia se rige por las disposiciones de la Iglesia al respecto.
7 «La educación ha sido consagrada constitucionalmente con un doble carácter: como
un derecho de la persona y como un servicio público que tiene una función social.
En su primera dimensión esta Corporación ha sostenido que se trata de un derecho-
deber que si bien supone reconocer a todo ser humano el interés jurídicamente
protegido de recibir una formación acorde con sus habilidades, cultura y tradiciones,
así mismo implica para sus titulares el compromiso de cumplir con las obligaciones
académicas y disciplinarias correspondientes». C-114-05 «Se devela entonces el
contenido de la función social de la educación, que se presenta como la labor
constante del sistema educativo para contribuir con la promoción, afianzamiento
y defensa de los principios que definen el Estado colombiano». C-114-05 «Así las
cosas, tenemos que es legítimo que las instituciones educativas regulen aspectos
del servicio público que prestan a través de los manuales de convivencia, pero les
está vedado por la Constitución Política que a través de dicha reglamentación se
vulneren los derechos fundamentales de los educandos». T-336-05.
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