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Universidad de San Buenavetura • Consejo de Gobierno
cumplía los procesos de planificación en oficinas o unidades es-
pecializadas para tal fin.
La Ley exigía entonces estudios de autoevaluación para la apro-
bación y renovación de las licencias de funcionamiento de los
planes y programas de estudio. Esta exigencia, más que moti-
vadora para el logro de niveles de calidad, era una disposición
que obligaba a las universidades, de manera tácita e implícita,
a presentar informes ante los organismos de control y vigilancia
del Estado.
En el año de 1992, el Gobierno colombiano expidió la Ley 30 por la
cual se reglamenta la educación superior en Colombia. Este nuevo
marco jurídico le reconoce mayor autonomía a la Universidad y
le facilita la construcción y la aplicación de procesos propios para
normatizar y regular su crecimiento y desarrollo.
El Artículo 28, del Capítulo VI de la mencionada Ley, precisa sobre
este aspecto lo siguiente: «La autonomía universitaria, consagrada
en la Constitución Política de Colombia y de conformidad con la
presente Ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y
modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y
administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas aca-
démicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas,
docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondien-
tes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar
sus correspondientes regímenes, y establecer, arbitrar y aplicar sus
recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función
institucional»
2
.
2 Ley 30 de 1992. Santafé de Bogotá: Ministerio de Educación Nacional e Icfes,
coedición, 1992. p. 8.
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